LA DERROTA DEL APRA

Una derrota anunciada y una lección aprendida • Una reflexión tras la caída del Apra Guido Sánchez Santur sasagui35@gmail.com Sus historias son parecidas. El PRI y el APRA se fundaron con solo un año de diferencia, el primero lo hizo Plutarco Elías Calles, en 1929, en México y el segundo Víctor Raúl Haya de la Torre, en 1930, en Perú. La Alianza Popular Revolucionaria Americana, tuvo un fuerte arraigo en el país azteca (en 1924 se funda en ese país centroamericano) y, al igual que el Partido Revolucionario Institucional, fue de corte izquierdista, aunque este último tuvo marcada diferencia: su pronto ascenso al poder. Mientras el PRI se mantuvo en el Gobierno durante 60 años, el APRA solo estuvo en el periodo 1985-1990, al término del cual dejó al país sumido en una alarmante crisis económica y envuelto en una atmósfera de corrupción. Desde julio de este año se inició un nuevo periodo gubernamental aprista que se prolongará hasta 2011. Sin embargo, a pesar de los reveses electorales a nivel nacional antes, durante y después el decenio fujimontesinista, Trujillo se mantuvo como un imbatible bastión por más de 30 años. La razón no es otra que ser la cuna del maestro Víctor Raúl, a la que se sumó ese capitulo de la historia del partido que se escribió con sangre (la revolución 1932) cuando fue fusilado un grueso número de militantes, teniendo como único testigo a las mudas murallas de la ciudadela de Chan Chan, cuyo recuerdo aviva los sentimientos de los viejos y jóvenes apristas. Hasta la década del 80, el partido mantenía una fortaleza ideológica bien marcado, gracias a la presencia de connotadas figuras, que inspiraban autoridad y respeto: Luis Alberto Sánchez, Andrés Towsend Ezcurra, Juvenal Níque, Javier Valle Riestra, Ramiro Prialé, etc. Esa generación de ideólogos terminó y no fue reemplazada, los que quedaron se dedicaron a la política partidaria y se olvidaron de la intelectualidad, instaurándose una suerte de caudillismo que desde Lima digita e impone las representaciones regionales, ya sean dirigentes o candidatos. Esta búsqueda del poder por el Poder fueron minando la estructura del partido y desencadenaron un recelo entre los militantes, un resentimiento que durante las épocas electorales se ocultaba en aras de ese sentimiento y la unidad aprista. Esta situación se agrava el año pasado a raíz de la designación de candidatos para el Congreso de la República. Entonces hubo denuncias de serias irregularidades al interior del partido, pero se amainaron con medidas disciplinarias (sanciones, procesos y expulsiones). Este año el mecanismo fue similar con la designación de los candidatos a los gobiernos regionales y municipales, desatándose un descontento generalizado entre los militantes, puesto que ‘los escogidos’ no reflejaban el sentir de las bases, la democracia interna había sido sustituida por la ‘dedocracia’). A todas luces se evidenció que al interior de esa organización política existen fuertes grupos de poder con aspiraciones ajenas a las enseñanzas del maestro Víctor Raúl. Como respuesta, la militancia parece que hizo un pacto implícito para asestar una lección a la dirigencia nacional: votar contra el candidato que simbolizó el centralismo partidario. Así se concreta la estrepitosa caída electoral del candidato a la Municipalidad de Trujillo, Moisés Arias Quezada, precisamente cuando Alan García Pérez ostenta la más alta magistratura del país, tras llegar al poder con una votación que se aproximó al 70 por ciento en La Libertad. Esto demuestra que los ciudadanos trujillanos, especialmente los militantes apristas, aprendieron a distinguir el papel que juega el gobierno local, pero sobretodo de que los dirigentes nacionales deben tener mayor respeto por la voluntad de las bases, que hicieron del domingo 19 de noviembre un día muy especial que quedará registrado en la historia de la Política nacional, como fatídica fecha del APRA en Trujillo. • CUANDO EL RIO SUENA… Es que no solo era la digitación limeña, sino también un halo de corrupción que se levantó como polvareda tras conocerse los candidatos al municipio de Trujillo y a la región. Fue la misma secretaria regional, Miriam Pilco Deza, después de ser desembarcada como candidata al Gobierno Regional, quien denunció la existencia de una mafia al interior del partido que manejó a su antojo este proceso. Inclusive el hoy presidente regional, José Murgia Zannier fue acusado de ‘comprar’ para ser elegido en el plenario nacional. Pilco Deza no dudó en involucrar estas males artes al congresista Luís Alva Castro. Para abundar en estos sinsabores intestinos, el candidato a la alcaldía de Trujillo Moisés Arias (el perdedor), inició su campaña arremetiendo contra Murgia Zannier y marcó distancia al anunciar que, de ser electo, iba a auditar su gestión edil. Este fue un mensaje claro para los electores. Si los propios dirigentes denuncian estos supuestos, hay razón para creerles, quien más puede conocer mejor el contexto de la madriguera que quien vive en ella. Un indicio de primera mano. Más aún cundo la revelación fue acompañada del anuncio de una denuncia penal ante el Ministerio Público, la que, por conveniencias partidarias y electorales, no se concretó. Para abundar en estos indicios –post morten- el presidente regional en ejercicio, Homero Burgos Oliveros, lanzó otra grave acusación contra el secretario general del partido, Mauricio Mulder, supuestamente habría cobrado cupos para la designación de las candidaturas en el país. La reacción fue inmediata, Murgia le invocó la presentación de pruebas (sic), mientras el aludido respondió endilgándole la responsabilidad de la derrota en Trujillo y anunció un proceso disciplinario. ­LA LECCIÓN DEL PRI En el caso del PRI, en el 2000 se logró lo impensable, por primera vez en su historia, perdía la presidencia de la República ante Vicente Fox Quesada. Se materializó una derrota ya anunciada desde dos procesos electorales anteriores. Este fracaso se prolongó al 2 de julio 2006, cuando ganó las elecciones generales el conservador Felipe Calderón (Partido Acción Nacional), pese a la candidatura del ex alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, de reconocida trayectoria política y mucho arraigo popular. La explosión se inició en el seno del mismo partido tricolor, con las consabidas divisiones internas entre la presidencia y la secretaría del partido que abrieron sendas discusiones políticas en la ciudadanía. Con estas luchas se inició la revelación de mafias e intereses individuales que las conformaban. Como ocurrió en Trujillo, los priístas dijeron que todo lo tenían pensado y bajo control. Dominaban el terreno de la burocracia partidaria a través del Comité Ejecutivo Nacional. Los militantes más preparados, con años de experiencia en cuantas mañas y escondrijos tienen las urnas, los respaldaban. Nada, o casi nada había sido dejado al azar. Como lo hizo el Apra amparado en la figura del maestro Víctor Raúl Haya de la Torre y en Alan García Pérez, diseñaron una intensa campaña de propaganda, pero algo les falló. César Acuña Peralta, el rival partidario comenzó a ganar la partida, con varias semanas de anticipación, tal como mostraban las encuestas de popularidad y de propensión al voto. El final ya estaba cantado. LO QUE SE PUEDE VENIR La derrota en las dos últimas elecciones presidenciales coloca como el gran perdedor al PRI. Así lo muestra una comparación elemental de las dos recientes elecciones presidenciales, la de 2000, cuando el candidato Francisco Labastida consiguió poco más de 13.5 millones de votos, 36.5% de los sufragios, y la de este año -seis años después-, en donde el candidato Roberto Madrazo alcanzó sólo 8.3 millones de votos, 21.5% del total de los sufragios emitidos. En sólo seis años, entre las elecciones presidenciales de julio de 2000 y julio de 2006, el PRI perdió 15 puntos porcentuales -poco más de 6 millones de votos-, lo que significa alrededor de 45% de su caudal electoral. Un desastre político electoral, por donde se le vea. Eso sin contar con la erosión que sufrió en las elecciones federales para renovar las cámaras del Congreso, en donde el Revolucionario Institucional cayó al tercer lugar. Pero la tragedia que vivió el PRI no es "una burbuja" en la vida electoral de ese partido, y menos se le puede acreditar a un error estratégico producto de una fallida jornada electoral -lo que le puede pasar a cualquier fuerza política-, sino que se inscribe como la más severa crisis de identidad, ideológica, doctrinaria, política y operativa que ha vivido en sus 77 años de existencia. A seis años de perder la hegemonía presidencial, y durante un quinquenio en el que daba muestras de una notable recuperación electoral, al final de cuentas el PRI se "desfondó" en una elección que era fundamental y estratégica para su vida interna. AUSENCIA INSTITUCIONAL El aprista Marco Uriol Villacorta reseña que la crisis del APRA se remonta a finales del año 1980 y se hace más evidente en los 90. De tal manera que esta no es la única derrota en la ciudad de Trujillo, catalogada como la cuna de este partido. En las elecciones presidencias del año 1995 esta organización política solo ocupó el tercer lugar con 14,05 por ciento de los votos emitidos, después de Cambio 90 con 57.66 por ciento y Unión por el Perú Posible con 22.09 por ciento. La derrota contundente sucedió durante las elecciones generales de 200, cuando el APRA sólo alcanzó un 4,03 por ciento, frente al 45,03 por ciento de Perú Posible y 41,68 por ciento de Alianza Electoral Perú 2000. Esta ausencia de representatividad electoral fue superada por la participación directa de Alan García Pérez que casi gana las elecciones en el 2001 frente a Toledo y que contribuyó a que en las elecciones municipales de 2002, gane el 37,03 por ciento de los votos emitidos, ocupando el segundo lugar Fuerza Democrática (26 por ciento). El bastión en Trujillo era fuerte, pero no necesariamente por la fortaleza del APRA sino por la figura del entonces alcalde, José Murgia Zannier. Está claro que la institucionalidad del partido en estas dos décadas se mantuvo quebrantada y solo tiene relevancia con cuando están presentes las poquísimas figuras que tienen popularidad.

DÍA DE LOS MUERTOS

Un día entre los muertos
• Otuzco, donde la muerte es motivo de alegría y celebración.

Guido Sánchez Santur
sasagui35@gmail.com

Cada vez que llego a un pueblo, ya sea por primera vez o reiteradamente, siempre me sorprende algo nuevo; sobretodo, las costumbres de la gente en sus actividades rutinarias o en las celebraciones de sus festividades familiares o comunales. Esa cultura, ese modo de vivir me despiertan una intriga apasionante. Creo que eso debe ser el corazón de la identidad.
El 1 de noviembre circunstancialmente me encontré en Otuzco, un centro poblado de Cajamarca. Ahí me llamó la atención el agitado movimiento de sus gentes, iban y venían con su vestimenta de colores cálidos e intensos, y sombreros de copa ancha. Siguiendo la multitud llegué al viejo cementerio, donde ingresaban y salían hombres, mujeres y niños. Dicharacheros algunos, sonrientes, entristecidos o embriagados otros.
Mientras don Anselmo pintaba el nicho de cemento, en el que descansa eternamente su hermano fallecido, otros encendían velas o gruesos cirios al pie de las tumbas o junto a las lápidas, como expresión de cariño al alma del difunto.
Para evitar que el aire apagara las velas, en todas las tumbas las mujeres colocaban sus rebozos (abrigos tejidos en telar), armando pequeños toldillos. Generalmente llegan las familias completas (padres, esposas, hijos, hermanos, amigos), con esa compañía la velada, no es tan triste, más bien alegre. En vez de llantos y lamentos, escuchamos animadas charlas, compartiendo anécdotas, chistes u ocurrencias de la comunidad.
Y, como en toda reunión no deben faltar las bebidas ‘espirituosas’, aquí el aguardiente o ‘el cogollito’ (la primera fermentación del guarapo extraído de la caña de azúcar) son infalibles. Conforme avanza la hora, llega más gente, y el alcohol sube a la cabeza con celeridad, desencadenando los primeros estragos: la conversación es más agitada y con voz estentórea. Algunos más emocionados, beben sin control y al no poder dominar su cuerpo, terminan estirados sobre las tumbas, donde duermen plácidamente.
Esta gente no solo lleva velas y aguardiente al cementerio. Lo más sorprendente es que, tras sentarse y acomodarse frente a las tumbas, de sus alforjas sacan variados potajes preparados diligentemente, dulces o bebidas que colocan entre las velas.
“Es la comida que le gustaba mucho al difunto y que ahora le traemos. Seguro que su almita vendrá a oler y luego se regresará a su descanso”, nos comenta Asunta Cruz, quien está acompañada de sus pequeños hijos.
Esto me recuerda, el viaje que años atrás hice a Paucamarca (San Marcos). Mis atentos anfitriones me invitaron a una estrecha mesa, que tenía una silla sin ocupar, donde colocaron la sopa y el segundo para una persona que nunca llegó. En la pared, una pequeña repisa sostenía una vela encendida que iluminaba el retrato de un joven. Tras la cena, intrigado pregunté a mi acompañante por qué sirvieron comida en ese espacio vacío. “Hace un año murió uno hijo de esa familia y, según la costumbre, el alma se acerca cuando se sientan en la mesa y ocupa su lugar. Es una forma de recordarlo y tenerlo presente en los momentos más importantes”.
En Catacaos (Piura), la costumbre de las velaciones, tiene una particularidad similar. Como en Otuzco, la gente se amanece velando en el cementerio, aunque no llevan comida a las tumbas, sí beben licor. En el día, las madres de los niños fallecidos, se ubican en la Plaza de Armas, y observan a los menores que pasan, cuando alguno de ellos tiene la edad aproximada del difuntito, lo llaman y le regalan “los angelitos”, que no son más que dulces o rosquitas, que le agradaban al que en vida fue. Es una forma de recordar a esa alma, pero sobretodo de compartir el cariño que ya no le pueden dar.
Al salir del cementerio otuzcano, la celebración continúa, las voces de los presentes se escuchan más fuertes y de cada grupo exhala el pegajoso olor del aguardiente. Me voy con una nueva sensación de regocijo por la intensidad de esa costumbre, de ese sincretismo religioso, de nuestras tradiciones y de la vida misma de estos pueblos que transcurre en esta diversidad cultural, que cada vez invoca mayor tolerancia e inclusión.

LA PENA DE MUERTE

Razones y sinrazones de la pena de muerte • Un debate que empieza en el Perú. Guido Sánchez Santur Sasagui35@gmail.com La pena de muerte es un tema que figura entre los diversos anuncios -que todavía no cumple- el Gobierno de turno, pero que han levantado suficiente polvareda o humareda entre la opinión pública, llenando significativos espacios en los medios de comunicación. Tan luego asumió el poder, el presidente Alan García Pérez, soltó la iniciativa de aplicar la pena de muerte a los violadores que desencadenan la muerte a sus víctimas menores de edad. Como no podía ser de otra manera, se abrió el debate entre los defensores de esta medida y los detractores. Algunos juristas argumentaron que ello significa renunciar a los convenios internacionales, con lo cual se terminaría favoreciendo al fugitivo ex mandatario, Alberto Fujimori, en tanto nadie podría seguirle procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras esa tormenta, se calmaron las aguas, mientras la norma duerme el sueño de los justos en el Congreso de República, sin que haya visos de concretarse o denegarse. Lo cierto es que, en su momento, logró su objetivo: centrar la atención de los medios de comunicación en esta polémica, desplazando a otros, quizá de mayor trascendencia. Con menos impacto, pero igual de polémico, la semana pasada saltó al debate, por iniciativa del García Pérez, la posible pena de muerte contra los terroristas. Otra vez las opiniones corren de un lado a otros, entre los que están de acuerdo y los que la rechazan. Durante un siglo, hasta 1979 en que fue restringida, la pena de muerte se aplicó en el Perú, a los criminales que violaban y asesinaban. En aplicación de la norma, en 1957 fue ejecutado Jorge Villanueva Torres (a) 'El monstruo de Armendáriz', por violar y asesinar a un niño de tres años. También, en 1966, Guillermo Lavalle Vásquez (a) 'Pichuzo' por abusar y decapitar a un niño. Durante la dictadura de los generales EP Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez (1968-1980), aumentaron las ejecuciones, en especial contra los que mataban a miembros de las fuerzas del orden. • CIFRAS MUNDIALES En este contexto, cabe dejar constancia que en 2004, fueron asesinados 3 mil 797 a causa de la pena capital en 25 naciones. En los países donde persiste esta práctica, la condena recae de manera desproporcionada sobre minorías y pobres. En algunos casos, enfermos mentales y menores son víctimas de la más cruel de las sanciones penales. Asimismo, más de 122 países abolieron la pena capital o impusieron la moratoria sobre las ejecuciones. El año pasado, 81 gobiernos, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, demandaron abolir ese castigo o suspender su aplicación. Aunque cabe precisar que la ejecución de la pena capital no constituye una violación del derecho internacional. Al menos, no por ahora, pese a ello crece en todo el mundo la presión para poner fin a esta práctica, ya que la nuevas tecnologías, como las pruebas de ADN, siguen demostrando la inocencia de algunos condenados. Una vietnamita de 39 años no será ejecutada porque quedó embarazada (estos casos no los contempla la legislación), es decir que escaparía al fusilamiento al que fue sentenciada por traficar heroína por 62.500 dólares. Mientras tanto, a Tran Thi Huong, otra mujer que aguardaba la muerte en la prisión de Chi Hoa, se le conmutó su sentencia de muerte por una de cadena perpetua tras dar a luz en junio. La Organización de las Naciones Unidas e instituciones de derechos humanos cuestionan el sistema judicial vietnamita, al que consideran corrupto e injusto, y urgen al gobierno a cesar las ejecuciones para los acusados de narcotráfico. Algunas organizaciones de derechos humanos recomiendan a los países donde rige la pena capital restringirla a casos de asesinato o traición. Las investigaciones revelaron que un preso que se encontraba en la celda contigua a la de Huong le entregó una ampolla con esperma a pesar de los controles. A su vez, el pakistaní Mirza Tahir Hussain, de 36 años y con condena a muerte pendiente desde hace 18, parece un anciano mientras aguarda sentado en un taburete de plástico rojo, en un patio enjaulado. La barba blanca y sin recortar, el pelo largo y salpicado de canas y la forma de arrastrar los pies al caminar revelan que este británico de origen pakistaní pasó la mitad de su vida en constante zozobra. Tahir es acusado del homicidio a un taxista, que él no niega, aunque asegura haberlo cometido sin intención de matar. La justicia penal lo absolvió, pero la islámica Corte Federal de la Shariá lo condenó en 1988. La ejecución fue suspendida en cuatro ocasiones. La anterior fue anunciada para el 1 de noviembre, luego se prolongó al 31 de diciembre, lo cual se atribuye a la creciente presión internacional, en especial la de Gran Bretaña y la Unión Europea. El pedido de clemencia más reciente correspondió al príncipe Carlos, heredero de la corona británica. La intención es dar a la familia del taxista asesinado y del condenado tiempo para alcanzar un acuerdo financiero aceptable. De acuerdo con las leyes de Pakistán, los familiares de la víctima pueden decidir la libertad de un sentenciado a muerte. "Somos impotentes ante la muerte, y no importa cómo moriremos. Lo que importa es que estemos preparados para mirar el rostro de nuestro Creador por nuestras buenas acciones y si él estará complacido con nosotros o no, pues esta estadía es un simple tránsito", dice el condenado. La sociedad india esta dividida respecto de la pena de muerte. La Corte Suprema a Mohammad Afzal por su aparente participación en un atentado terrorista contra el parlamento en Nueva Delhi el 13 de diciembre de 2001, que ocasionó la muerte de 10 personas. El debía ser conducido a la horca el 20 de octubre, pero su ejecución se postergó por tiempo indeterminado a raíz de un pedido de clemencia cursado por su familia. • HISTORIA DE EJECUCIONES Francia abolió la pena de muerte hace dos décadas y media, pero aún hay instituciones y políticos que la valoran como una medida necesaria en determinadas circunstancias, como en tiempo de guerra o para combatir el terrorismo. Tras los atentados con bomba en marzo de 2004 en Madrid, 47 parlamentarios conservadores franceses propusieron reintroducir la pena capital, preocupados porque se repitiera un ataque similar en su país. La iniciativa se ignoró, pero a los activistas de derechos humanos les preocupa porque pone de relieve una ambigüedad subyacente existente a ese respecto. Francia es una de los cinco del Consejo de 46 naciones que no ratificaron la Convención Europea (adoptado en 2002), instrumento que deroga la pena de muerte en tiempos de guerra o ante una amenaza inminente de conflicto bélico. Los otros cuatro son, España, Italia, Letonia y Portugal. El Consejo Constitucional francés, dictaminó en octubre de 2005 que la ratificación de ese protocolo representaría una "decisión irrevocable" que "atenta contra las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional" si tuviera que aplicarse "en situaciones que hicieran peligrar la existencia misma de la nación". Este país se negó a respaldar abiertamente una campaña internacional de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos europeas para urgir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a adoptar una resolución que establezca una moratoria mundial sobre la pena capital. El ex director general de derechos humanos del Consejo de Europa, Pierre-Henri Imbert, considera que "las razones del Consejo Constitucional francés no pueden aceptarse", pues implícitamente establece que "la pena de muerte sigue siendo una medida judicial concebible en Francia, incluso necesaria dependiendo de las circunstancias". Cuando en 1981 el parlamento francés aprobó la propuesta del entonces presidente François Mitterand (1981-1995) de abolir la pena máxima, 62 por ciento de los encuestados defendía ese castigo extremo como medida disuasiva contra el crimen. Tras el veredicto del Consejo francés de enero, el presidente Jacques Chirac llamó a enmendar la Constitución para establecer allí y en forma definitiva la abolición de la pena de muerte. "La enmienda constitucional autenticaría nuestra adhesión a los más altos valores de la dignidad humana", dijo Chirac. Francia derogó la pena máxima el 9 de octubre de 1981 y el Código Penal francés ni siquiera la prevé. Ni la Corte Internacional de Justicia ni los tribunales internacionales creados para investigar los abusos cometidos en las guerras de la ex Yugolsavia y Ruanda consideraron la pena de muerte un castigo posible, aun cuando juzgan los crímenes más atroces perpetrados por el género humano, añadió. El portavoz de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, Michel Taube, señaló que desde que hace 25 años, cuando Francia derogó la pena máxima, muchos parlamentarios proponen regularmente leyes para reinstaurar el castigo. "Tenemos que seguir educando a la ciudadanía sobre este asunto, poniendo énfasis en las razones que llevaron a abolir la pena de muerte", dijo Taube. EJECUCIONES EN IRAK La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los grupos defensores de los derechos humanos están cada vez más preocupados por el aumento de las personas sentenciadas a muerte y de las ejecuciones en Iraq. El foro mundial y otras organizaciones recibieron informes a fines del mes pasado acerca de 10 hombres, pertenecientes al grupo islámico radical sunita kurdo Ansar al-Islam, acusados de secuestros y asesinatos, que fueron ejecutados en la horca en la septentrional ciudad de Arbil, en Iraq. Según la ONU y Amnistía Internacional, esas ejecuciones fueron las primeras de que se tenga conocimiento en la región del Kurdistán desde que se levantaron las restricciones sobre la pena capital, y las primeras desde 1992. Además, hay otros informes, no confirmados, de 27 hombres ahorcados en Bagdad por haber participado de ataques contra civiles, según una declaración de septiembre de esa organización con sede en Londres. Desde que en agosto de 2004 el gobierno interino de Iraq reinstauró la pena capital, entre 150 y 200 personas fueron sentenciadas a muerte. El informe recibido por la ONU estima que más de 50 personas habrían sido ejecutadas desde entonces, aunque no se conocen las cifras exactas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y grupos como Amnistía y Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, repudian la pena de muerte e instan a todos los gobiernos a abolirla o al menos a instalar una moratoria sobre las condenas. Durante el régimen de Saddam Hussein (1979-2003), las ejecuciones se generalizaron. El gobierno condenaba a sus ciudadanos a la pena máxima por varias razones, desde delitos menores hasta por oponerse al partido Ba'ath, del entonces presidente. RECLAMAN ABOLICIÓN En los 13 años transcurridos desde su nacimiento en Italia, la campaña global para abolir la pena de muerte logró el concurso de más de la mitad de los países del mundo. Pero ahora va por más. Su objetivo es lograr el fin, en los hechos, de este castigo extremo en todo el planeta. Con ese fin, Roma presiona a la Unión Europea (UE) para que respalde una iniciativa italiana en la presente sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por una resolución que exhorte a todos los países trabajar hacia la moratoria universal a las ejecuciones. Para señalar el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, el 10 de octubre, celebraron una conferencia conjunta el vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, y el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis en la que aplaudieron los esfuerzos de la sociedad civil en su apoyo. "La cuestión es clave para todo el Parlamento Europeo", dijo Luisa Morgantini, presidenta del Comité de desarrollo del cuerpo legislativo del bloque. "La Unión Europea podría y debería jugar un rol importante en la promoción de esta iniciativa en la ONU", afirmó, citando la misiva firmada por todos los comités parlamentarios de la UE. VISIÓN DE LA ONU En los últimos nueve años, organizaciones contrarias a la pena de muerte lograron que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobara resoluciones de moratoria. La última, aprobada en abril de 2005, indica: "La abolición de la pena de muerte contribuye a fortalecer el respeto de la dignidad humana y el progresivo desarrollo de los derechos humanos". La Comisión de la ONU elevó consultas a los países donde la pena de muerte todavía se aplica "para establecer una moratoria sobre las ejecuciones, (…) para abolirla completamente". "Pienso que es oportuno reanudar la iniciativa italiana para poner fin a la pena de muerte, que es una constante de nuestra cultura y nuestra civilización", dijo el primer ministro Romano Prodi al parlamento en ese momento. "Nuestra aspiración es presentar la moratoria junto con la Unión Europea, y luego intentar involucrar activamente a países ajenos al bloque", dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores Gianni Vernetti, senador del partido centroizquierdista L'Olivo. Hands Off Cain, junto con 53 organizaciones que integran la Coalición Mundial para Abolir la Pena de Muerte, cree que entre 95 y 107 países votarían a favor y entre 61 y 68 se opondría.

FISCALIZACIÓN A ONGs

Las ONGs en su laberinto
Guido Sánchez Santur
sasagui35@gmail.com

“En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso”. Este viejo refrán tiene especial vigencia en este Gobierno aprista. Por eso, todas sus medidas son calificadas de efectistas (lo que en la década fujimorista se denominó ‘cortinas de humo’). Esas suspicacias afloraron ahora, tras el anunciado proyecto de ley para supervisar o fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El secretario general del APRA, Mauricio Mulder y el presidente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Apci), Agustín Haya de la Torre, en una cerrada defensa del proyecto, coinciden en señalar que el control de las ONGs ya existía legalmente, basado en la Declaración de París y porque el Estado tiene derecho a fiscalizar. También negaron que se trate de un mecanismo de ‘persecución’ a estas organizaciones, como consecuencia de un pacto tácito entre el APRA y el fujimorismo.
Mulder agregó que se pretende formar un ‘frente antifiscalización’ para seguir ganando sueldos en dólares y soslayó que el narcotráfico también podría infiltrarse en las ONGs.
Este argumento podría tener razón –por conocimiento de causa- puesto que conocidas figuras del aprismo que ostentan o tuvieron cargos públicos están detrás de importantes ONGs (inclusive consorcios) que operan en Lima o en provincias y, que usando sus influencias, consiguen significativos fondos del extranjero para proyectos que no necesariamente cumplen sus objetivos, pero que sí engrosan sus cuentas.
La ex candidata presidencial, Lourder Flores Nano, mostró su desacuerdo con este proyecto, porque periódicamente la Apci recibe información de las ONGs, lo cual garantiza el buen uso de los recursos procedentes de las donaciones.
El periodista Santiago Pedraglio considera que detrás del anuncio del Gobierno se esconde una ‘tentación de autoritarismo’, puesto que no tiene oposición y quiere quitarse de encima a los organismos que le resulta ‘peliagudos’, sobretodo aquellos que abordan temas ambientales y de Derechos Humanos porque ponen en peligro la alianza APRA-fujimorismo.
Precisa que las ONGs son entes privados que están sometidas al control de las mismas agencias cooperantes; además de la Sunat, la Apci y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo. Por ello, la medida estaría atentado contra los derechos civiles, la libertad de asociación y de contratación, la libertad de opinión y actuación.
• MILLONES DE DOLARES
Más allá de que si se trata de una medida mediática, lo cierto es que estas organizaciones mueven cientos de millones de dólares de cooperación internacional fluyen cada año a Latinoamérica. En 2005 llegaron 560 millones de dólares como fondos no reembolsables. La Apci precisa que el 52% de ese monto fue ejecutado por el Estado y el 48% por instituciones privadas. Lamentablemente, ese dinero no siempre llega a su destino, por lo que los Estados y las organizaciones sociales están aplicando nuevos mecanismos a favor de la transparencia.
La rendición de cuentas y la ayuda al desarrollo, junto con la anulación de la deuda y el comercio justo, son banderas del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP, por su sigla en inglés), que impulsó movilizaciones en el mundo y que culminaron el 17 de octubre con la celebración del día internacional contra esta condición de vida.
En Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio y que más ayuda externa recibe en América Central, los recursos provenientes del tesoro público y de la cooperación internacional, son fiscalizados por una serie de instituciones que disponen de programas computarizados y leyes contra la corrupción.
Pero las organizaciones donantes no comenzaron a exigir a Nicaragua garantías en el uso de los fondos destinados al desarrollo sino después de que se desataron múltiples campañas anticorrupción, desde la sociedad civil y los medios de comunicación, como consecuencia de las denuncias de desviación de dineros durante el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), sentenciado a 20 años de prisión por varios delitos.
Teófilo Jiménez, asistente del programa anticorrupción de Transparencia Internacional dijo que "hay una percepción de que la mayor parte de la ayuda se derrocha o se va en salarios y beneficios para los empleados y asesores de altos funcionarios, y que no llega a los proyectos destinados".
El periodista Alberto Mendoza comenta que entre los mecanismos creados en Nicaragua para asegurar la transparencia en el uso de los fondos destaca la Caja Única del Estado para canalizar toda la ayuda externa que antes llegaba a las múltiples entidades estatales, y el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y de Auditoría, que permite controlar en tiempo real la ejecución presupuestaria.
En Bolivia, en cambio, los mecanismos anticorrupción implementados son de tipo participativo. En 2002 se creó el Mecanismo Nacional Control Social, una organización ciudadana que fiscaliza las acciones del Estado.
Una ley surgida de un debate nacional, en ese país, sobre el buen uso de los recursos del Estado y la lucha contra la pobreza, junto con el apoyo de la Iglesia Católica, creó la institución que logró la participación de colegios de profesionales, sindicatos y ONG.
Una de sus actuaciones más sonadas fue la denuncia pública contra la segunda administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por el desvío de los recursos asignados por organismos internacionales para el alivio de la pobreza hacia el rubro de gastos reservados.
En Guatemala, la auditoría de los recursos de cooperación internacional es más complicada, toda vez que las ONG manejan 535 millones de dólares, equivalente al 30 por ciento del presupuesto general del Estado, según la Contraloría General de Cuentas, entidad estatal encargada de fiscalizar el gasto público. Se calcula que un 30 por ciento de ese dinero se desvía para fines que nada tienen que ver con el desarrollo.
La Agencia Española de Cooperación Internacional (Aeci), que este año invierte cerca de 15,2 millones de dólares en el país y el próximo podría alcanzar los 31,5 millones de dólares, opera abriendo una cuenta bancaria conjunta con la contraparte local donde deposita los fondos para el proyecto a ejecutar. Cada mes, los responsables de la AECI evalúan si la marcha del proyecto se adecua a los planes, examinan las facturas presentadas y autorizan el retiro de nuevas cantidades de la cuenta.
Francisco Sancho, responsable de la Oficina Técnica de Cooperación española, asegura "no tener dudas acerca de la transparencia de la ayuda" y que "la mayoría de contrapartes y ministerios guatemaltecos cumplen con los planes de trabajo".
En este contexto, tendría asidero el debate que se abrió en el Perú en torno al uso del dinero que captan las ONG. Aunque en este caso, el espíritu de la norma no se sustenta en hechos de corrupción, sino en la orientación de que se le está dando a esos fondos y en los excesivos sueldos que ganarían el personal administrativo. ¿Esto será todo o habrán otras motivaciones de trasfondo?, como argumentan los detractores.
APCI Y FISCALIZACIÓN

- Según el portal de la Apci, cualquier ciudadano tiene el derecho de a fiscalizar, es decir comunicar o denunciar todo acto de corrupción o ilegalidad en el uso de los recursos de Cooperación Internacional.El 13 de noviembre del 2004 se publicó la Ley N°28386 mediante la cual se encarga a la Apci la fiscalización de este dinero y la correcta utilización de los recursos que reciben las ONGs domiciliadas en el país.Estas denuncias hacen posible que los ciudadanos e instituciones públicas y privadas contribuyan con la fiscalización documentando casos en los que se está haciendo un uso indebido de los recursos de la Cooperación Internacional. Los actos que se pueden denunciar deben estar relacionados con: el uso indebido de los recursos de Cooperación Técnica Internacional no reembolsable; y las donaciones que no llegan a los beneficiarios.Los responsables a ser investigados son: las instituciones ejecutoras de proyectos de desarrollo financiados con estos fondos; y las: Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (Eniex). También las ONGs y las instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional (Ipreda) que e encuentren inscritas en la Apci. Sus objetivos son:
- Fortalecer a las ONGs que actúen seriamente en la esfera del desarrollo, ayuda de emergencia o protección ambiental o que representen intereses de segmentos pobres o vulnerables de la población.
- Verificar el uso correcto de los recursos de la Cooperación Técnica Internacional.
Para presentar una denuncia es necesario cumplir con algunos requisitos, como: nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso, número telefónico, correo electrónico del denunciante o de la persona que lo represente, número de DNI. La denuncia debe estar referida a hechos presuntamente irregulares en el correcto uso de la Cooperación Técnica Internacional no reembolsable.
Asimismo, exponer en forma detallada y precisa los hechos relativos a los actos u operaciones que constituyan la presunta irregularidad, que permita su comprobación, con indicación de fechas y lugares, así como de fuentes de información y montos involucrados. No se pueden denunciar asuntos materia de controversia sujetos a la competencia de otros organismos del Estado.