graves atentados ambientales
Guido Sánchez Santur
sasagui35@gmail.com
El tema ambiental es un asunto muy sensible en el Perú por las implicancias económicas, sociales y de salud que implica. Si alguien advierte sobre los peligros contaminantes de la minería o de alguna empresa en particular, las autoridades del Ejecutivo responden con el estribillo de: “¡cuidado con ahuyentar a los inversionistas¡”.
De otro lado, están las mismas poblaciones, sobre todo las más pobres, que sufren las consecuencias de los abusos de aquellas empresas, amparadas en esa protección tácita, que con el afán de aminorar costos no invierten en tecnologías limpias.
En este contexto, las últimas semanas las autoridades gubernamentales anunciaron la creación del Ministerio del Medio Ambiente, lo cual generó diversas reacciones por las implicancias que tendrá, tanto en el aspecto económico debido a la nueva burocracia que se incorporará al Estado y a las supremas atribuciones que asumirá, sin que necesariamente garantice la preservación de los recursos naturales
En el fragor de este debate es que aparece el libro Derecho Ambiental, hacia el desarrollo sostenible, bajo la autoría del abogado y docente universitario Marco Celi Arévalo, en el cual se exponen los conceptos elementales al respecto y la normatividad legal vigente en el país que ampara la calidad de vida; la jurisprudencia en casos específicos.
El autor sostiene que el desarrollo sostenible se sustenta en la parte económica, social, cultural y ambiental, pero lamenta que a este último componente no se le otorgue mucha importancia, pese a que los alcaldes y los presidentes regionales están obligados a cuidar el medio ambiente; amén de las atribuciones que recaen en el Gobierno Nacional. “Estamos convencidos que esto responde a la falta de una conciencia ambiental, especialmente de parte de las autoridades en todos sus niveles”.
Las leyes están dadas, solo es necesario articular las instituciones públicas con el sector privado y la sociedad civil (colegios profesionales y otros) para que sumen esfuerzos en aras del desarrollo sostenible de la región y del país. Lo que ocurre ahora es que cada institución individualmente hace lo que puede y por falta de conciencia no se respeta las leyes ambientales.
En opinión de Celi Arévalo el grave inconveniente es que existe una dispersión de leyes y una contradicción entre ellas, lo cual origina un conflicto. Esta situación se debe a que el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), ente rector en este tema, hasta la fecha no articula y ni unifica las normas ambientales, teniendo en cuenta que existen muchas, pero no todas son eficaces. Esto obliga a una depuración de algunas para quedarnos con lo que realmente sirve.
- ¿Conviene o no la creación del Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales?
La discusión en torno a esta propuesta se remonta a varios años atrás. El problema no radica en que haya o no este sector, sino que cumpla con sus rol. Hasta el momento el Conam no ha cumplido sus funciones porque no tiene autonomía política, solo administrativa y legal. El inconveniente es que depende directamente del primer ministro a quien se le consulta todo, ante ello surgen posiciones divididas en torno a la continuidad de este organismo.
En los planes del Conam está esbozado la creación de un Tribunal de Asuntos Ambientales en segunda instancia administrativa, lamentablemente no se implementa porque no hay especialistas en el Perú. Frente a ello cabe la urgencia de que, a la vez que se va se creando la conciencia ambiental, se debe ir capacitando a la comunidad tanto a nivel primario, secundario, universitario y postgrado.
- ¿Cuál es lo más preocupante en el tema ambiental?
En primer lugar es la dispersión legislativa, la contradicción o conflicto de leyes. Asimismo, la falta de conciencia ambiental; por ejemplo, la Municipalidad de Trujillo recientemente emitió una ordenanza para controlar los ruidos molestos; pero no tiene eficacia por la falta de logística, es decir que no hay los suficientes efectivos policiales o municipales para sancionar a los infractores. Además, la ciudadanía no denuncia porque falta una adecuada difusión de esta norma a través de los medios de comunicación, aunque la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento.
¿Qué amenazas ambientales afectan a la población?
Principalmente tenemos la depredación de los bosques, la contaminación del agua y del aire a causa del parque automotor, la contaminación del suelo por el uso descontrolado de los agroquímicos y la falta de capacidad de gestión ambiental por parte de las autoridades. En la región La Libertad, esas deficiencias responden a la carencia de capacitación de los funcionarios que tienen a su cargo la responsabilidad de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, y de hacer cumplir eficazmente las normas.
Además, los políticos ejercen una marcada influencia y presión sobre los entes técnicos y jurídicos en casos puntuales, de tal manera que los municipios distritales de la sierra que afrontan problemas ambientales a raíz de la actividad minera y quieren sancionar, a veces se topan con conminaciones que los hacen desistir de su propósito, a pesar de tener todo el respaldo legal.
Lo mismo ocurre en las ciudades con las empresas industriales que contaminan el aire o las aguas, las mismas que se burlan de cualquier denuncia porque tienen el respaldo de algunas autoridades nacionales. En otros casos, las multas económicas son muy ínfimas, de tal manera que el infractor las paga y sigue contaminando; es decir que no son ejemplares.
sasagui35@gmail.com
El tema ambiental es un asunto muy sensible en el Perú por las implicancias económicas, sociales y de salud que implica. Si alguien advierte sobre los peligros contaminantes de la minería o de alguna empresa en particular, las autoridades del Ejecutivo responden con el estribillo de: “¡cuidado con ahuyentar a los inversionistas¡”.
De otro lado, están las mismas poblaciones, sobre todo las más pobres, que sufren las consecuencias de los abusos de aquellas empresas, amparadas en esa protección tácita, que con el afán de aminorar costos no invierten en tecnologías limpias.
En este contexto, las últimas semanas las autoridades gubernamentales anunciaron la creación del Ministerio del Medio Ambiente, lo cual generó diversas reacciones por las implicancias que tendrá, tanto en el aspecto económico debido a la nueva burocracia que se incorporará al Estado y a las supremas atribuciones que asumirá, sin que necesariamente garantice la preservación de los recursos naturales
En el fragor de este debate es que aparece el libro Derecho Ambiental, hacia el desarrollo sostenible, bajo la autoría del abogado y docente universitario Marco Celi Arévalo, en el cual se exponen los conceptos elementales al respecto y la normatividad legal vigente en el país que ampara la calidad de vida; la jurisprudencia en casos específicos.
El autor sostiene que el desarrollo sostenible se sustenta en la parte económica, social, cultural y ambiental, pero lamenta que a este último componente no se le otorgue mucha importancia, pese a que los alcaldes y los presidentes regionales están obligados a cuidar el medio ambiente; amén de las atribuciones que recaen en el Gobierno Nacional. “Estamos convencidos que esto responde a la falta de una conciencia ambiental, especialmente de parte de las autoridades en todos sus niveles”.
Las leyes están dadas, solo es necesario articular las instituciones públicas con el sector privado y la sociedad civil (colegios profesionales y otros) para que sumen esfuerzos en aras del desarrollo sostenible de la región y del país. Lo que ocurre ahora es que cada institución individualmente hace lo que puede y por falta de conciencia no se respeta las leyes ambientales.
En opinión de Celi Arévalo el grave inconveniente es que existe una dispersión de leyes y una contradicción entre ellas, lo cual origina un conflicto. Esta situación se debe a que el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), ente rector en este tema, hasta la fecha no articula y ni unifica las normas ambientales, teniendo en cuenta que existen muchas, pero no todas son eficaces. Esto obliga a una depuración de algunas para quedarnos con lo que realmente sirve.
- ¿Conviene o no la creación del Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales?
La discusión en torno a esta propuesta se remonta a varios años atrás. El problema no radica en que haya o no este sector, sino que cumpla con sus rol. Hasta el momento el Conam no ha cumplido sus funciones porque no tiene autonomía política, solo administrativa y legal. El inconveniente es que depende directamente del primer ministro a quien se le consulta todo, ante ello surgen posiciones divididas en torno a la continuidad de este organismo.
En los planes del Conam está esbozado la creación de un Tribunal de Asuntos Ambientales en segunda instancia administrativa, lamentablemente no se implementa porque no hay especialistas en el Perú. Frente a ello cabe la urgencia de que, a la vez que se va se creando la conciencia ambiental, se debe ir capacitando a la comunidad tanto a nivel primario, secundario, universitario y postgrado.
- ¿Cuál es lo más preocupante en el tema ambiental?
En primer lugar es la dispersión legislativa, la contradicción o conflicto de leyes. Asimismo, la falta de conciencia ambiental; por ejemplo, la Municipalidad de Trujillo recientemente emitió una ordenanza para controlar los ruidos molestos; pero no tiene eficacia por la falta de logística, es decir que no hay los suficientes efectivos policiales o municipales para sancionar a los infractores. Además, la ciudadanía no denuncia porque falta una adecuada difusión de esta norma a través de los medios de comunicación, aunque la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento.
¿Qué amenazas ambientales afectan a la población?
Principalmente tenemos la depredación de los bosques, la contaminación del agua y del aire a causa del parque automotor, la contaminación del suelo por el uso descontrolado de los agroquímicos y la falta de capacidad de gestión ambiental por parte de las autoridades. En la región La Libertad, esas deficiencias responden a la carencia de capacitación de los funcionarios que tienen a su cargo la responsabilidad de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, y de hacer cumplir eficazmente las normas.
Además, los políticos ejercen una marcada influencia y presión sobre los entes técnicos y jurídicos en casos puntuales, de tal manera que los municipios distritales de la sierra que afrontan problemas ambientales a raíz de la actividad minera y quieren sancionar, a veces se topan con conminaciones que los hacen desistir de su propósito, a pesar de tener todo el respaldo legal.
Lo mismo ocurre en las ciudades con las empresas industriales que contaminan el aire o las aguas, las mismas que se burlan de cualquier denuncia porque tienen el respaldo de algunas autoridades nacionales. En otros casos, las multas económicas son muy ínfimas, de tal manera que el infractor las paga y sigue contaminando; es decir que no son ejemplares.
OBRA VALIOSA
El libro apunta a crear conciencia ambiental dando las pautas generales a fin de que las personas conozcan que el Perú es un país muy rico en recursos naturales, los que debemos cuidar y propender a un desarrollo sostenible, ya que eso engrandecerá a la nación. Este texto fue presentado en diciembre último.
“El Derecho Ambiental es en realidad un punto de confluencia de varias ramas o especialidades del Derecho. Los recursos naturales son normalmente de dominio público, por lo que el Derecho Administrativo que analiza las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, sus instrumentos, como los permisos, concesiones y autorizaciones forman gran parte del ordenamiento jurídico ambiental. De la misma forma, ciertas conductas que se consideran sumamente graves porque ponen en peligro ecosistemas vitales o por el impacto sobre un recurso valioso han pasado a considerarse delitos ambientales, mal llamados delitos contra la ecología en nuestro Código Penal”, comenta el autor.
“El Derecho Ambiental es en realidad un punto de confluencia de varias ramas o especialidades del Derecho. Los recursos naturales son normalmente de dominio público, por lo que el Derecho Administrativo que analiza las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, sus instrumentos, como los permisos, concesiones y autorizaciones forman gran parte del ordenamiento jurídico ambiental. De la misma forma, ciertas conductas que se consideran sumamente graves porque ponen en peligro ecosistemas vitales o por el impacto sobre un recurso valioso han pasado a considerarse delitos ambientales, mal llamados delitos contra la ecología en nuestro Código Penal”, comenta el autor.
