Las ONGs en su laberinto
Guido Sánchez Santur
sasagui35@gmail.com
“En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso”. Este viejo refrán tiene especial vigencia en este Gobierno aprista. Por eso, todas sus medidas son calificadas de efectistas (lo que en la década fujimorista se denominó ‘cortinas de humo’). Esas suspicacias afloraron ahora, tras el anunciado proyecto de ley para supervisar o fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El secretario general del APRA, Mauricio Mulder y el presidente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Apci), Agustín Haya de la Torre, en una cerrada defensa del proyecto, coinciden en señalar que el control de las ONGs ya existía legalmente, basado en la Declaración de París y porque el Estado tiene derecho a fiscalizar. También negaron que se trate de un mecanismo de ‘persecución’ a estas organizaciones, como consecuencia de un pacto tácito entre el APRA y el fujimorismo.
Mulder agregó que se pretende formar un ‘frente antifiscalización’ para seguir ganando sueldos en dólares y soslayó que el narcotráfico también podría infiltrarse en las ONGs.
Este argumento podría tener razón –por conocimiento de causa- puesto que conocidas figuras del aprismo que ostentan o tuvieron cargos públicos están detrás de importantes ONGs (inclusive consorcios) que operan en Lima o en provincias y, que usando sus influencias, consiguen significativos fondos del extranjero para proyectos que no necesariamente cumplen sus objetivos, pero que sí engrosan sus cuentas.
La ex candidata presidencial, Lourder Flores Nano, mostró su desacuerdo con este proyecto, porque periódicamente la Apci recibe información de las ONGs, lo cual garantiza el buen uso de los recursos procedentes de las donaciones.
El periodista Santiago Pedraglio considera que detrás del anuncio del Gobierno se esconde una ‘tentación de autoritarismo’, puesto que no tiene oposición y quiere quitarse de encima a los organismos que le resulta ‘peliagudos’, sobretodo aquellos que abordan temas ambientales y de Derechos Humanos porque ponen en peligro la alianza APRA-fujimorismo.
Precisa que las ONGs son entes privados que están sometidas al control de las mismas agencias cooperantes; además de la Sunat, la Apci y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo. Por ello, la medida estaría atentado contra los derechos civiles, la libertad de asociación y de contratación, la libertad de opinión y actuación.
• MILLONES DE DOLARES
Más allá de que si se trata de una medida mediática, lo cierto es que estas organizaciones mueven cientos de millones de dólares de cooperación internacional fluyen cada año a Latinoamérica. En 2005 llegaron 560 millones de dólares como fondos no reembolsables. La Apci precisa que el 52% de ese monto fue ejecutado por el Estado y el 48% por instituciones privadas. Lamentablemente, ese dinero no siempre llega a su destino, por lo que los Estados y las organizaciones sociales están aplicando nuevos mecanismos a favor de la transparencia.
La rendición de cuentas y la ayuda al desarrollo, junto con la anulación de la deuda y el comercio justo, son banderas del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP, por su sigla en inglés), que impulsó movilizaciones en el mundo y que culminaron el 17 de octubre con la celebración del día internacional contra esta condición de vida.
En Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio y que más ayuda externa recibe en América Central, los recursos provenientes del tesoro público y de la cooperación internacional, son fiscalizados por una serie de instituciones que disponen de programas computarizados y leyes contra la corrupción.
Pero las organizaciones donantes no comenzaron a exigir a Nicaragua garantías en el uso de los fondos destinados al desarrollo sino después de que se desataron múltiples campañas anticorrupción, desde la sociedad civil y los medios de comunicación, como consecuencia de las denuncias de desviación de dineros durante el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), sentenciado a 20 años de prisión por varios delitos.
Teófilo Jiménez, asistente del programa anticorrupción de Transparencia Internacional dijo que "hay una percepción de que la mayor parte de la ayuda se derrocha o se va en salarios y beneficios para los empleados y asesores de altos funcionarios, y que no llega a los proyectos destinados".
El periodista Alberto Mendoza comenta que entre los mecanismos creados en Nicaragua para asegurar la transparencia en el uso de los fondos destaca la Caja Única del Estado para canalizar toda la ayuda externa que antes llegaba a las múltiples entidades estatales, y el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y de Auditoría, que permite controlar en tiempo real la ejecución presupuestaria.
En Bolivia, en cambio, los mecanismos anticorrupción implementados son de tipo participativo. En 2002 se creó el Mecanismo Nacional Control Social, una organización ciudadana que fiscaliza las acciones del Estado.
Una ley surgida de un debate nacional, en ese país, sobre el buen uso de los recursos del Estado y la lucha contra la pobreza, junto con el apoyo de la Iglesia Católica, creó la institución que logró la participación de colegios de profesionales, sindicatos y ONG.
Una de sus actuaciones más sonadas fue la denuncia pública contra la segunda administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por el desvío de los recursos asignados por organismos internacionales para el alivio de la pobreza hacia el rubro de gastos reservados.
En Guatemala, la auditoría de los recursos de cooperación internacional es más complicada, toda vez que las ONG manejan 535 millones de dólares, equivalente al 30 por ciento del presupuesto general del Estado, según la Contraloría General de Cuentas, entidad estatal encargada de fiscalizar el gasto público. Se calcula que un 30 por ciento de ese dinero se desvía para fines que nada tienen que ver con el desarrollo.
La Agencia Española de Cooperación Internacional (Aeci), que este año invierte cerca de 15,2 millones de dólares en el país y el próximo podría alcanzar los 31,5 millones de dólares, opera abriendo una cuenta bancaria conjunta con la contraparte local donde deposita los fondos para el proyecto a ejecutar. Cada mes, los responsables de la AECI evalúan si la marcha del proyecto se adecua a los planes, examinan las facturas presentadas y autorizan el retiro de nuevas cantidades de la cuenta.
Francisco Sancho, responsable de la Oficina Técnica de Cooperación española, asegura "no tener dudas acerca de la transparencia de la ayuda" y que "la mayoría de contrapartes y ministerios guatemaltecos cumplen con los planes de trabajo".
En este contexto, tendría asidero el debate que se abrió en el Perú en torno al uso del dinero que captan las ONG. Aunque en este caso, el espíritu de la norma no se sustenta en hechos de corrupción, sino en la orientación de que se le está dando a esos fondos y en los excesivos sueldos que ganarían el personal administrativo. ¿Esto será todo o habrán otras motivaciones de trasfondo?, como argumentan los detractores.
APCI Y FISCALIZACIÓN
- Según el portal de la Apci, cualquier ciudadano tiene el derecho de a fiscalizar, es decir comunicar o denunciar todo acto de corrupción o ilegalidad en el uso de los recursos de Cooperación Internacional.El 13 de noviembre del 2004 se publicó la Ley N°28386 mediante la cual se encarga a la Apci la fiscalización de este dinero y la correcta utilización de los recursos que reciben las ONGs domiciliadas en el país.Estas denuncias hacen posible que los ciudadanos e instituciones públicas y privadas contribuyan con la fiscalización documentando casos en los que se está haciendo un uso indebido de los recursos de la Cooperación Internacional. Los actos que se pueden denunciar deben estar relacionados con: el uso indebido de los recursos de Cooperación Técnica Internacional no reembolsable; y las donaciones que no llegan a los beneficiarios.Los responsables a ser investigados son: las instituciones ejecutoras de proyectos de desarrollo financiados con estos fondos; y las: Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (Eniex). También las ONGs y las instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional (Ipreda) que e encuentren inscritas en la Apci. Sus objetivos son:Guido Sánchez Santur
sasagui35@gmail.com
“En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso”. Este viejo refrán tiene especial vigencia en este Gobierno aprista. Por eso, todas sus medidas son calificadas de efectistas (lo que en la década fujimorista se denominó ‘cortinas de humo’). Esas suspicacias afloraron ahora, tras el anunciado proyecto de ley para supervisar o fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El secretario general del APRA, Mauricio Mulder y el presidente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Apci), Agustín Haya de la Torre, en una cerrada defensa del proyecto, coinciden en señalar que el control de las ONGs ya existía legalmente, basado en la Declaración de París y porque el Estado tiene derecho a fiscalizar. También negaron que se trate de un mecanismo de ‘persecución’ a estas organizaciones, como consecuencia de un pacto tácito entre el APRA y el fujimorismo.
Mulder agregó que se pretende formar un ‘frente antifiscalización’ para seguir ganando sueldos en dólares y soslayó que el narcotráfico también podría infiltrarse en las ONGs.
Este argumento podría tener razón –por conocimiento de causa- puesto que conocidas figuras del aprismo que ostentan o tuvieron cargos públicos están detrás de importantes ONGs (inclusive consorcios) que operan en Lima o en provincias y, que usando sus influencias, consiguen significativos fondos del extranjero para proyectos que no necesariamente cumplen sus objetivos, pero que sí engrosan sus cuentas.
La ex candidata presidencial, Lourder Flores Nano, mostró su desacuerdo con este proyecto, porque periódicamente la Apci recibe información de las ONGs, lo cual garantiza el buen uso de los recursos procedentes de las donaciones.
El periodista Santiago Pedraglio considera que detrás del anuncio del Gobierno se esconde una ‘tentación de autoritarismo’, puesto que no tiene oposición y quiere quitarse de encima a los organismos que le resulta ‘peliagudos’, sobretodo aquellos que abordan temas ambientales y de Derechos Humanos porque ponen en peligro la alianza APRA-fujimorismo.
Precisa que las ONGs son entes privados que están sometidas al control de las mismas agencias cooperantes; además de la Sunat, la Apci y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo. Por ello, la medida estaría atentado contra los derechos civiles, la libertad de asociación y de contratación, la libertad de opinión y actuación.
• MILLONES DE DOLARES
Más allá de que si se trata de una medida mediática, lo cierto es que estas organizaciones mueven cientos de millones de dólares de cooperación internacional fluyen cada año a Latinoamérica. En 2005 llegaron 560 millones de dólares como fondos no reembolsables. La Apci precisa que el 52% de ese monto fue ejecutado por el Estado y el 48% por instituciones privadas. Lamentablemente, ese dinero no siempre llega a su destino, por lo que los Estados y las organizaciones sociales están aplicando nuevos mecanismos a favor de la transparencia.
La rendición de cuentas y la ayuda al desarrollo, junto con la anulación de la deuda y el comercio justo, son banderas del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP, por su sigla en inglés), que impulsó movilizaciones en el mundo y que culminaron el 17 de octubre con la celebración del día internacional contra esta condición de vida.
En Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio y que más ayuda externa recibe en América Central, los recursos provenientes del tesoro público y de la cooperación internacional, son fiscalizados por una serie de instituciones que disponen de programas computarizados y leyes contra la corrupción.
Pero las organizaciones donantes no comenzaron a exigir a Nicaragua garantías en el uso de los fondos destinados al desarrollo sino después de que se desataron múltiples campañas anticorrupción, desde la sociedad civil y los medios de comunicación, como consecuencia de las denuncias de desviación de dineros durante el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), sentenciado a 20 años de prisión por varios delitos.
Teófilo Jiménez, asistente del programa anticorrupción de Transparencia Internacional dijo que "hay una percepción de que la mayor parte de la ayuda se derrocha o se va en salarios y beneficios para los empleados y asesores de altos funcionarios, y que no llega a los proyectos destinados".
El periodista Alberto Mendoza comenta que entre los mecanismos creados en Nicaragua para asegurar la transparencia en el uso de los fondos destaca la Caja Única del Estado para canalizar toda la ayuda externa que antes llegaba a las múltiples entidades estatales, y el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y de Auditoría, que permite controlar en tiempo real la ejecución presupuestaria.
En Bolivia, en cambio, los mecanismos anticorrupción implementados son de tipo participativo. En 2002 se creó el Mecanismo Nacional Control Social, una organización ciudadana que fiscaliza las acciones del Estado.
Una ley surgida de un debate nacional, en ese país, sobre el buen uso de los recursos del Estado y la lucha contra la pobreza, junto con el apoyo de la Iglesia Católica, creó la institución que logró la participación de colegios de profesionales, sindicatos y ONG.
Una de sus actuaciones más sonadas fue la denuncia pública contra la segunda administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por el desvío de los recursos asignados por organismos internacionales para el alivio de la pobreza hacia el rubro de gastos reservados.
En Guatemala, la auditoría de los recursos de cooperación internacional es más complicada, toda vez que las ONG manejan 535 millones de dólares, equivalente al 30 por ciento del presupuesto general del Estado, según la Contraloría General de Cuentas, entidad estatal encargada de fiscalizar el gasto público. Se calcula que un 30 por ciento de ese dinero se desvía para fines que nada tienen que ver con el desarrollo.
La Agencia Española de Cooperación Internacional (Aeci), que este año invierte cerca de 15,2 millones de dólares en el país y el próximo podría alcanzar los 31,5 millones de dólares, opera abriendo una cuenta bancaria conjunta con la contraparte local donde deposita los fondos para el proyecto a ejecutar. Cada mes, los responsables de la AECI evalúan si la marcha del proyecto se adecua a los planes, examinan las facturas presentadas y autorizan el retiro de nuevas cantidades de la cuenta.
Francisco Sancho, responsable de la Oficina Técnica de Cooperación española, asegura "no tener dudas acerca de la transparencia de la ayuda" y que "la mayoría de contrapartes y ministerios guatemaltecos cumplen con los planes de trabajo".
En este contexto, tendría asidero el debate que se abrió en el Perú en torno al uso del dinero que captan las ONG. Aunque en este caso, el espíritu de la norma no se sustenta en hechos de corrupción, sino en la orientación de que se le está dando a esos fondos y en los excesivos sueldos que ganarían el personal administrativo. ¿Esto será todo o habrán otras motivaciones de trasfondo?, como argumentan los detractores.
APCI Y FISCALIZACIÓN
- Fortalecer a las ONGs que actúen seriamente en la esfera del desarrollo, ayuda de emergencia o protección ambiental o que representen intereses de segmentos pobres o vulnerables de la población.
- Verificar el uso correcto de los recursos de la Cooperación Técnica Internacional.
Para presentar una denuncia es necesario cumplir con algunos requisitos, como: nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso, número telefónico, correo electrónico del denunciante o de la persona que lo represente, número de DNI. La denuncia debe estar referida a hechos presuntamente irregulares en el correcto uso de la Cooperación Técnica Internacional no reembolsable.
Asimismo, exponer en forma detallada y precisa los hechos relativos a los actos u operaciones que constituyan la presunta irregularidad, que permita su comprobación, con indicación de fechas y lugares, así como de fuentes de información y montos involucrados. No se pueden denunciar asuntos materia de controversia sujetos a la competencia de otros organismos del Estado.
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