LA PENA DE MUERTE

Razones y sinrazones de la pena de muerte • Un debate que empieza en el Perú. Guido Sánchez Santur Sasagui35@gmail.com La pena de muerte es un tema que figura entre los diversos anuncios -que todavía no cumple- el Gobierno de turno, pero que han levantado suficiente polvareda o humareda entre la opinión pública, llenando significativos espacios en los medios de comunicación. Tan luego asumió el poder, el presidente Alan García Pérez, soltó la iniciativa de aplicar la pena de muerte a los violadores que desencadenan la muerte a sus víctimas menores de edad. Como no podía ser de otra manera, se abrió el debate entre los defensores de esta medida y los detractores. Algunos juristas argumentaron que ello significa renunciar a los convenios internacionales, con lo cual se terminaría favoreciendo al fugitivo ex mandatario, Alberto Fujimori, en tanto nadie podría seguirle procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras esa tormenta, se calmaron las aguas, mientras la norma duerme el sueño de los justos en el Congreso de República, sin que haya visos de concretarse o denegarse. Lo cierto es que, en su momento, logró su objetivo: centrar la atención de los medios de comunicación en esta polémica, desplazando a otros, quizá de mayor trascendencia. Con menos impacto, pero igual de polémico, la semana pasada saltó al debate, por iniciativa del García Pérez, la posible pena de muerte contra los terroristas. Otra vez las opiniones corren de un lado a otros, entre los que están de acuerdo y los que la rechazan. Durante un siglo, hasta 1979 en que fue restringida, la pena de muerte se aplicó en el Perú, a los criminales que violaban y asesinaban. En aplicación de la norma, en 1957 fue ejecutado Jorge Villanueva Torres (a) 'El monstruo de Armendáriz', por violar y asesinar a un niño de tres años. También, en 1966, Guillermo Lavalle Vásquez (a) 'Pichuzo' por abusar y decapitar a un niño. Durante la dictadura de los generales EP Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez (1968-1980), aumentaron las ejecuciones, en especial contra los que mataban a miembros de las fuerzas del orden. • CIFRAS MUNDIALES En este contexto, cabe dejar constancia que en 2004, fueron asesinados 3 mil 797 a causa de la pena capital en 25 naciones. En los países donde persiste esta práctica, la condena recae de manera desproporcionada sobre minorías y pobres. En algunos casos, enfermos mentales y menores son víctimas de la más cruel de las sanciones penales. Asimismo, más de 122 países abolieron la pena capital o impusieron la moratoria sobre las ejecuciones. El año pasado, 81 gobiernos, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, demandaron abolir ese castigo o suspender su aplicación. Aunque cabe precisar que la ejecución de la pena capital no constituye una violación del derecho internacional. Al menos, no por ahora, pese a ello crece en todo el mundo la presión para poner fin a esta práctica, ya que la nuevas tecnologías, como las pruebas de ADN, siguen demostrando la inocencia de algunos condenados. Una vietnamita de 39 años no será ejecutada porque quedó embarazada (estos casos no los contempla la legislación), es decir que escaparía al fusilamiento al que fue sentenciada por traficar heroína por 62.500 dólares. Mientras tanto, a Tran Thi Huong, otra mujer que aguardaba la muerte en la prisión de Chi Hoa, se le conmutó su sentencia de muerte por una de cadena perpetua tras dar a luz en junio. La Organización de las Naciones Unidas e instituciones de derechos humanos cuestionan el sistema judicial vietnamita, al que consideran corrupto e injusto, y urgen al gobierno a cesar las ejecuciones para los acusados de narcotráfico. Algunas organizaciones de derechos humanos recomiendan a los países donde rige la pena capital restringirla a casos de asesinato o traición. Las investigaciones revelaron que un preso que se encontraba en la celda contigua a la de Huong le entregó una ampolla con esperma a pesar de los controles. A su vez, el pakistaní Mirza Tahir Hussain, de 36 años y con condena a muerte pendiente desde hace 18, parece un anciano mientras aguarda sentado en un taburete de plástico rojo, en un patio enjaulado. La barba blanca y sin recortar, el pelo largo y salpicado de canas y la forma de arrastrar los pies al caminar revelan que este británico de origen pakistaní pasó la mitad de su vida en constante zozobra. Tahir es acusado del homicidio a un taxista, que él no niega, aunque asegura haberlo cometido sin intención de matar. La justicia penal lo absolvió, pero la islámica Corte Federal de la Shariá lo condenó en 1988. La ejecución fue suspendida en cuatro ocasiones. La anterior fue anunciada para el 1 de noviembre, luego se prolongó al 31 de diciembre, lo cual se atribuye a la creciente presión internacional, en especial la de Gran Bretaña y la Unión Europea. El pedido de clemencia más reciente correspondió al príncipe Carlos, heredero de la corona británica. La intención es dar a la familia del taxista asesinado y del condenado tiempo para alcanzar un acuerdo financiero aceptable. De acuerdo con las leyes de Pakistán, los familiares de la víctima pueden decidir la libertad de un sentenciado a muerte. "Somos impotentes ante la muerte, y no importa cómo moriremos. Lo que importa es que estemos preparados para mirar el rostro de nuestro Creador por nuestras buenas acciones y si él estará complacido con nosotros o no, pues esta estadía es un simple tránsito", dice el condenado. La sociedad india esta dividida respecto de la pena de muerte. La Corte Suprema a Mohammad Afzal por su aparente participación en un atentado terrorista contra el parlamento en Nueva Delhi el 13 de diciembre de 2001, que ocasionó la muerte de 10 personas. El debía ser conducido a la horca el 20 de octubre, pero su ejecución se postergó por tiempo indeterminado a raíz de un pedido de clemencia cursado por su familia. • HISTORIA DE EJECUCIONES Francia abolió la pena de muerte hace dos décadas y media, pero aún hay instituciones y políticos que la valoran como una medida necesaria en determinadas circunstancias, como en tiempo de guerra o para combatir el terrorismo. Tras los atentados con bomba en marzo de 2004 en Madrid, 47 parlamentarios conservadores franceses propusieron reintroducir la pena capital, preocupados porque se repitiera un ataque similar en su país. La iniciativa se ignoró, pero a los activistas de derechos humanos les preocupa porque pone de relieve una ambigüedad subyacente existente a ese respecto. Francia es una de los cinco del Consejo de 46 naciones que no ratificaron la Convención Europea (adoptado en 2002), instrumento que deroga la pena de muerte en tiempos de guerra o ante una amenaza inminente de conflicto bélico. Los otros cuatro son, España, Italia, Letonia y Portugal. El Consejo Constitucional francés, dictaminó en octubre de 2005 que la ratificación de ese protocolo representaría una "decisión irrevocable" que "atenta contra las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional" si tuviera que aplicarse "en situaciones que hicieran peligrar la existencia misma de la nación". Este país se negó a respaldar abiertamente una campaña internacional de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos europeas para urgir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a adoptar una resolución que establezca una moratoria mundial sobre la pena capital. El ex director general de derechos humanos del Consejo de Europa, Pierre-Henri Imbert, considera que "las razones del Consejo Constitucional francés no pueden aceptarse", pues implícitamente establece que "la pena de muerte sigue siendo una medida judicial concebible en Francia, incluso necesaria dependiendo de las circunstancias". Cuando en 1981 el parlamento francés aprobó la propuesta del entonces presidente François Mitterand (1981-1995) de abolir la pena máxima, 62 por ciento de los encuestados defendía ese castigo extremo como medida disuasiva contra el crimen. Tras el veredicto del Consejo francés de enero, el presidente Jacques Chirac llamó a enmendar la Constitución para establecer allí y en forma definitiva la abolición de la pena de muerte. "La enmienda constitucional autenticaría nuestra adhesión a los más altos valores de la dignidad humana", dijo Chirac. Francia derogó la pena máxima el 9 de octubre de 1981 y el Código Penal francés ni siquiera la prevé. Ni la Corte Internacional de Justicia ni los tribunales internacionales creados para investigar los abusos cometidos en las guerras de la ex Yugolsavia y Ruanda consideraron la pena de muerte un castigo posible, aun cuando juzgan los crímenes más atroces perpetrados por el género humano, añadió. El portavoz de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, Michel Taube, señaló que desde que hace 25 años, cuando Francia derogó la pena máxima, muchos parlamentarios proponen regularmente leyes para reinstaurar el castigo. "Tenemos que seguir educando a la ciudadanía sobre este asunto, poniendo énfasis en las razones que llevaron a abolir la pena de muerte", dijo Taube. EJECUCIONES EN IRAK La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los grupos defensores de los derechos humanos están cada vez más preocupados por el aumento de las personas sentenciadas a muerte y de las ejecuciones en Iraq. El foro mundial y otras organizaciones recibieron informes a fines del mes pasado acerca de 10 hombres, pertenecientes al grupo islámico radical sunita kurdo Ansar al-Islam, acusados de secuestros y asesinatos, que fueron ejecutados en la horca en la septentrional ciudad de Arbil, en Iraq. Según la ONU y Amnistía Internacional, esas ejecuciones fueron las primeras de que se tenga conocimiento en la región del Kurdistán desde que se levantaron las restricciones sobre la pena capital, y las primeras desde 1992. Además, hay otros informes, no confirmados, de 27 hombres ahorcados en Bagdad por haber participado de ataques contra civiles, según una declaración de septiembre de esa organización con sede en Londres. Desde que en agosto de 2004 el gobierno interino de Iraq reinstauró la pena capital, entre 150 y 200 personas fueron sentenciadas a muerte. El informe recibido por la ONU estima que más de 50 personas habrían sido ejecutadas desde entonces, aunque no se conocen las cifras exactas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y grupos como Amnistía y Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, repudian la pena de muerte e instan a todos los gobiernos a abolirla o al menos a instalar una moratoria sobre las condenas. Durante el régimen de Saddam Hussein (1979-2003), las ejecuciones se generalizaron. El gobierno condenaba a sus ciudadanos a la pena máxima por varias razones, desde delitos menores hasta por oponerse al partido Ba'ath, del entonces presidente. RECLAMAN ABOLICIÓN En los 13 años transcurridos desde su nacimiento en Italia, la campaña global para abolir la pena de muerte logró el concurso de más de la mitad de los países del mundo. Pero ahora va por más. Su objetivo es lograr el fin, en los hechos, de este castigo extremo en todo el planeta. Con ese fin, Roma presiona a la Unión Europea (UE) para que respalde una iniciativa italiana en la presente sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por una resolución que exhorte a todos los países trabajar hacia la moratoria universal a las ejecuciones. Para señalar el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, el 10 de octubre, celebraron una conferencia conjunta el vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, y el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis en la que aplaudieron los esfuerzos de la sociedad civil en su apoyo. "La cuestión es clave para todo el Parlamento Europeo", dijo Luisa Morgantini, presidenta del Comité de desarrollo del cuerpo legislativo del bloque. "La Unión Europea podría y debería jugar un rol importante en la promoción de esta iniciativa en la ONU", afirmó, citando la misiva firmada por todos los comités parlamentarios de la UE. VISIÓN DE LA ONU En los últimos nueve años, organizaciones contrarias a la pena de muerte lograron que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobara resoluciones de moratoria. La última, aprobada en abril de 2005, indica: "La abolición de la pena de muerte contribuye a fortalecer el respeto de la dignidad humana y el progresivo desarrollo de los derechos humanos". La Comisión de la ONU elevó consultas a los países donde la pena de muerte todavía se aplica "para establecer una moratoria sobre las ejecuciones, (…) para abolirla completamente". "Pienso que es oportuno reanudar la iniciativa italiana para poner fin a la pena de muerte, que es una constante de nuestra cultura y nuestra civilización", dijo el primer ministro Romano Prodi al parlamento en ese momento. "Nuestra aspiración es presentar la moratoria junto con la Unión Europea, y luego intentar involucrar activamente a países ajenos al bloque", dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores Gianni Vernetti, senador del partido centroizquierdista L'Olivo. Hands Off Cain, junto con 53 organizaciones que integran la Coalición Mundial para Abolir la Pena de Muerte, cree que entre 95 y 107 países votarían a favor y entre 61 y 68 se opondría.